Introducción

El siglo XVIII está definido en el actual Ecuador, parte de la Real Audiencia de Quito en la Edad Moderna, por una crisis económica producida por elementos externos e internos (Andrien, 1995, pp. 165-215). En este proceso, los fenómenos geofísicos, atmosféricos y biológicos fueron uno de los factores que participaron en este declive (Alchon, 1991, pp. 89-129, García Torres, 2021a, pp. 100-112 y 2021b). Dos catastróficos terremotos marcaron el fin del siglo XVII y del siglo XVIII. Nos referimos a los sucesos de 1698 y 1797, con intensidades máximas de X y XI en la escala MSK. El segundo, a la postre, el más importante en la Historia de Ecuador (García Torres, 2021c).

El conocimiento de los terremotos históricos en Ecuador ha vivido un avance en las últimas décadas desde diferentes disciplinas. Debemos destacar los primeros intentos de aproximación mediante la elaboración de catálogos con cronologías y de transcripciones documentales. Aportaciones significativas fueron el catálogo del Observatorio Astronómico de Quito (1959), así como el de Egred, inédito pero revisado por Singaucho Armas (2009), donde se establecieron magnitudes. Dentro del segundo tipo de fuentes, sobresaldrían para la Edad Moderna los fragmentos de expedientes de la administración, especialmente del Archivo General de Indias, transcritas por el Centro Regional de Sismología para América del Sur (Sigaldo Ferro, 1985), las de diversos autores contemporáneos por Barriga López (2015), con breves reflexiones del autor, así como la compilación de crónicas y relaciones de Espinosa Apolo (2000).

Los estudios de caso para el siglo XVIII ecuatoriano han girado en torno al episodio de 1797 debido a su efecto devastador. Desde la sismología histórica por parte de Egred (2000) y desde la historiografía por parte de Núñez Sánchez (1995 y 2015), Petit-Breuilh Sepúlveda (2021), Naranjo Salas (2017) y García Torres (2021c y 2022). Estas últimas investigaciones historiográficas supusieron un punto de inflexión, ya que esta catástrofe no solamente se concentró en los impactos, sino que también examinó la gestión de la emergencia y del desastre desarrollada por parte de la administración borbónica.

La atención dada al resto de terremotos en el Setecientos ecuatoriano ha sido, sin duda, bastante deficitaria en la historiografía. Evidentemente, su menor relevancia es la principal razón. De este modo, algunos de los casos han sido tratados de manera superficial. Los encontramos, por ejemplo, en obras de desastres históricos en Ecuador, como la citada de Barriga López (2015).

El estudio de los desastres históricos, más allá de sus manifestaciones, efectos e impactos, en aras de evidenciar los más relevantes, es una fase que actualmente la historiografía está superando. De este modo, las investigaciones más recientes en los territorios de la Corona española durante la Edad Moderna parten con el objetivo general de adentrarse en la gestión de la emergencia y del desastre ejecutado por la administración de los Austrias y los Borbones. De manera particular, buscan conocer la tipología de respuestas en cada episodio, los cambios en el engranaje administrativo frente al desastre y los déficits que surgieron (Alberola Romá y Cecere, 2022; Alberola Romá y García Acosta, 2021; Luque Azcona y Petit-Breuilh Sepúlveda, 2022).

Como hemos podido observar, en lo concerniente a la centuria de esta contribución y foco geográfico de estudio, buena parte de estos interrogantes han sido despejados en el terremoto de 1797. Por este motivo, es clave examinar los episodios pretéritos con los Borbones para establecer sus propias particularidades, así como el progreso de la administración en la gestión del desastre. Resultados que no solamente pueden ayudar a conocer todo el ámbito ecuatoriano durante el siglo XVIII, sino que también abren la posibilidad de estudios comparativos con otras zonas cercanas o lejanas de la Corona (Petit-Breuilh Sepúlveda, 2004 y 2022).

Una segunda cuestión a la hora de analizar el estudio de los desastres históricos es la relativa a ir más allá de la propia documentación administrativa con la que afrontaron los funcionarios de la Corona española la diferente tipología de episodios hidrometeorológicos, geofísicos y biológicos extremos. De ahí la importancia de ahondar en la posterior circulación de la información tras un desastre y en los discursos políticos, científicos y religiosos. No cabe duda de que la imprenta fue la principal herramienta para el conocimiento de lo acontecido entre el gran público. Las relaciones de sucesos, la prensa oficial, los sermones y las publicaciones geográficas e históricas, por ejemplo, son fuentes que ayudan a calibrar la relevancia que un episodio extremo tuvo en su contexto y en la memoria (Cecere y Tuccillo, 2023; Viceconte et al., 2023). Además, nos permiten cotejar la información de los impactos y las respuestas con la información proporcionada por la documentación oficial de la Corona.

A nivel de estudios en Ecuador no se han realizado avances en este tenor desde la historiografía. Lo único que podemos hallar es el uso o transcripción de alguna de estas fuentes de origen impreso en las previamente citadas aportaciones de catálogos con cronologías y obras de desastres históricos en Ecuador (Barriga López, 2015; Espinosa Apolo, 2000). Por lo tanto, es fundamental adentrarse en las características de este tipo de fuentes, la información que contienen, su área de aparición y los discursos políticos, científicos y religiosos que incorporan.

Con estas bases, en esta contribución pretendemos adentrarnos en los episodios telúricos más relevantes que acaecieron en Ecuador entre los devastadores de 1698 y 1797, todos ubicados cronológicamente en la segunda mitad del Setecientos: 1755, 1757, 1778, 1786 y 1787.²

La primera parte del trabajo toma como base la documentación oficial con el objeto de ahondar en la evolución de las respuestas de la administración borbónica frente a los desastres sísmicos. Por lo tanto, partimos de un análisis que se inicia desde el nivel local hasta las altas instancias en América y España. Para lograr este objetivo hemos consultado los principales archivos con documentación del actual Ecuador en el siglo XVIII: Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional de España, Archivo Nacional del Ecuador, Archivo Metropolitano de Historia de Quito y Archivo General de la Nación de Colombia.

La segunda, está dedicada a la circulación de la información post desastre durante la segunda mitad de la centuria. Para ello, hemos explorado las relaciones de sucesos (terremoto de 1755), la prensa limeña (Gaceta de Lima) y la europea (Gaceta de Madrid, Mercurio Histórico y Político-Mercurio de España, Mercure historique et politique), las cartas pastorales (arzobispo de Lima Barroeta y Ángel y el terremoto de 1757) y los sermones (obispo de Quito Nieto Polo del Águila y el terremoto de 1757), así como los diccionarios histórico-geográficos y las publicaciones históricas contemporáneas (Bueno, Cicala, Coleti, Alcedo Bejarano y Velasco).

Todas las fuentes utilizadas conforman un abanico de un alto rendimiento a la hora del estudio de desastres históricos y permiten, a su vez, una mirada poliédrica interpretativa. De este modo, podemos conocer de una manera más precisa los impactos de los episodios trabajados y la gestión del desastre. Puesto que tenemos la posibilidad de confrontar la vía privada de la propia administración y la ulterior circulación de la información del desastre en los medios impresos.

La gestión del desastre en la documentación oficial

El terremoto de 1755 en Quito

El cabildo de Quito informó a la Corona el 28 de mayo de 1755 de lo sucedido en la capital tras los temblores iniciados el 26 de abril, que proseguían. Si bien no establecieron el día 28 de abril como el principal. Sus miembros recalcaron que la urbe estaba casi arruinada y que las mayores destrucciones se apreciaban en los edificios religiosos, ya fueran iglesias, monasterios o conventos, incluyendo sus torres. En cuanto a la realidad de los pobladores, citaron el complejo contexto que las monjas de clausura habían tenido, pues huyeron y vagaron por los campos adyacentes. Poco más ahondaron en lo acontecido un mes después del episodio de mayor impacto.

El último punto lo dedicaron a la labor del presidente marqués de Selva Alegre, del que subrayaron su imprescindible papel en la gestión de la emergencia. Dentro de sus actuaciones hallamos igualmente un desarrollo muy general. Enfatizaron sus labores de control y vigilancia en las calles y las plazas principales, en las que participó personalmente, así como sus políticas de socorro con todo el vecindario, ejemplificadas con resguardar y mantener a las citadas monjas en una hacienda propia. Su conclusión fue que el alto funcionario había cumplido con sus obligaciones, pues ayudó a los vecinos y evitó el caos.³

En cuanto a las recuperaciones de los edificios públicos, el cabildo civil de Quito centró su atención en las casas del Ayuntamiento, especialmente en la sala de reunión capitular y la cárcel. La primera petición fue hecha al virrey Solís Folch de Cardona a fines de mayo, con el objeto de obtener recursos ante la precariedad de la caja de propios. Para ello, se contó con el visto bueno previo del presidente. El virrey respondió en agosto y planteó que el cabildo expresara el medio que pensara más adecuado. Entretanto, el cabildo comenzó en junio a formar la documentación acreditativa. Los trabajos se calcularon en 20 000 pesos. Para los costes, las miradas fueron al estanco de aguardientes. Un arbitrio creado en origen para costear la reedificación del Palacio de la Real Audiencia; sin embargo, los trabajos en este ya habían finalizado.⁴

El cabildo buscó la colaboración del presidente en noviembre para lograr la aprobación. Ahora bien, el fiscal Hurtado de Mendoza y Zapata discrepó en el fondo pretendido. La tesis que presentó fue que este arbitrio estaba incorporado a la Real Hacienda para el pago de los funcionarios de la Corona. Por lo que señaló que las obras deberían costearse con el sobrante anual de propios y, para ello, sería necesario presentar un informe de las cuentas. El cabildo las entregó en diciembre, manifestando un sobrante anual de 1 496 pesos, pero que se destinaba a gastos extraordinarios y generaba deudas. A lo expuesto, agregó que el terremoto provocaría un declive en los ingresos venideros. La cuestión fue tratada mediante una reunión del Real Acuerdo de la Real Audiencia, donde no se cedió a las pretensiones del cabildo.⁵

Para conocer las intervenciones en las casas del Ayuntamiento toca avanzar al mes de octubre de 1756, donde el peso de la discusión del cabildo recayó en la sala capitular. Estas apremiaban, tanto por cuestiones de seguridad, como por la obligación legal de reunirse en ella. Así pues, los capitulares aprobaron las providencias más relevantes para acelerar su reparación y sufragarlas con los propios. Las obras estaban casi terminadas en noviembre. En cuanto a la cárcel tenemos constancia de que en diciembre estaba en uso.⁶

La restauración de la Catedral fue la principal preocupación dentro de los inmuebles eclesiásticos, ya que formaba parte del Patronato Regio Indiano. El cabildo eclesiástico acordó en mayo de 1755 que se nombraran expertos para la revisión. La urgencia era real, ya que el culto se desarrollaba en una capilla interina en la Plaza Mayor, donde se expuso a la Virgen de la Merced. El encargado de esta misión fue el vicario general Segura y Zárate, ante la ausencia del obispo. Los dos peritos elegidos defendieron que la Catedral y sus edificios tuvieron severos daños.⁷

Demostrar la incierta realidad económica fue la cuestión siguiente. El vicario general requirió una valoración de las cuentas de fábrica de la Catedral al colector general, quien resaltó que existían atrasos en los cobros de los intereses de los censos de las casas, cantidades que sería imposible de recaudar tras el terremoto. Así que el vicario decidió, a fines de mayo, acudir a la Real Audiencia de Quito, al virrey de Nueva Granada y al Consejo de Indias para conseguir algún recurso escudándose en el Patronato Regio Indiano.⁸

Las tramitaciones más rápidas con la administración fueron, evidentemente, las ubicadas en Quito (Real Audiencia) y Santafé de Bogotá (Virrey), más se tardaría con lo que se decidiera en Madrid (Consejo de Indias). El expediente pasó en julio a manos del fiscal del virreinato. Este se negó a asignar ningún ramo de la Real Hacienda para la reconstrucción. El argumento que esgrimió fue que no estaba instruido por el presidente de la Real Audiencia de Quito y el fiscal un informe de las obras precisas con sus tasaciones, con sus pregones para su asignación y con los fondos existentes en la fábrica de la Catedral. Evacuados, el virrey Solís Folch de Cardona podría tomar la providencia adecuada. Con la conformidad de este dictamen por parte del virrey, se remitió el despacho a Quito el 29 de agosto.⁹

Mientras esto ocurría en Santafé de Bogotá, el procurador del cabildo eclesiástico abordó en agosto la elaboración de la documentación que probara todo. Por lo que requirió a la Real Audiencia de Quito el informe de los daños y las valoraciones. El elegido fue el oidor Santa Cruz y Centeno. Las tasaciones las practicaron dos arquitectos. Los trabajos fundamentales los calcularon en 70 000 u 80 000 pesos y los completos entre 150 000 o 160 000.¹⁰

El cabildo eclesiástico comunicó pocos días después al virrey esta novedad y anexó la propuesta de Santa Cruz de que se utilizara como fondo el estanco de aguardientes para activar el proceso y no quedar a la espera de la lenta decisión peninsular. La mayor novedad que introdujo el oidor fue que este arbitrio seguía sin estar aprobado por el Consejo de Indias.¹¹ Examinada por el fiscal la nueva documentación recomendó al virrey que la decisión fuera discutida en Junta General de Tribunales. La primera cuestión tratada fue que todavía faltaban parte de los informes requeridos, pero no se podía olvidar la urgencia existente. El ramo del estanco de aguardiente fue desestimado al no estar admitido por el rey. Con esta realidad, la solución planteada consistió en que se invirtieran coyunturalmente los caudales de la fábrica de la Catedral en la capilla interina y en las demoliciones imprescindibles. La necesidad de que se presentaran sus cuentas nuevamente fue recordada. Por otro lado, añadieron que legalmente el obispo y el cabildo eclesiástico deberían colaborar. Lo obrado en la Catedral de Lima tras el terremoto y tsunami de 1746 sería el ejemplo que imitar a la hora de fijar un posible arbitrio.¹² Con el auto del 10 de diciembre de 1755, el virrey dio forma a lo acordado y su ejecución recayó en el presidente quiteño.¹³

Los progresos en Quito los localizamos en el mes de mayo de 1756. Se recogieron diferentes declaraciones de miembros del cabildo civil y de personas notables sosteniendo la ruina ocurrida en la Catedral, así como los altos costes de las reparaciones. Dentro de las novedades halladas sobresalió que la Real Audiencia había ordenado el desmonte de parte la torre. La segunda cuestión fue sobre las nuevas tasaciones, que se efectuaron en noviembre. Hasta la fecha se habían utilizado bastantes caudales de la fábrica unidos a limosnas de canónigos para unos trabajos que se calificaron como precisos. La valoración restante de las capillas, las sacristías, la torre y las demás oficinas se calcularon entre 16 000 y 20 000 pesos.¹⁴

Las peticiones enviadas desde Quito, en junio de 1755, al Consejo de Indias no fueron evaluadas por el fiscal sino hasta marzo de 1756. La resolución fue similar a la dada desde el virreinato, pues se resaltó la falta de justificación. Evacuada, el presidente propondría los arbitrios, aunque también se subrayó la obligada colaboración en las facturas del obispo y el cabildo eclesiástico. El resultado sería comunicado mediante la Real Cédula del 8 de abril de 1756, que llegaría a Quito a mediados de 1757.¹⁵ A estas alturas, el presidente ya había informado al Consejo de Indias que la reedificación de la Catedral y el resto de los edificios, públicos o particulares, estaban muy avanzados, así que la ciudad “queda muy mejorada en sus edificios, plazas, templos y calles”.¹⁶

La ejecución de la Real Cédula fue tratada por el fiscal de la Real Audiencia de Quito el 15 de junio de 1757 y desembocó en el auto del 29 de julio para su cumplimiento. El cabildo eclesiástico defendió que el obispo tenía dados para las obras en la torre 1 000 pesos, los miembros del cabildo para las intervenciones más urgentes 2 000, así como el colector exhibió un sobrante anual de 2 973.

El fiscal concluyó que con las donaciones y los sobrantes anuales de la fábrica se podían afrontar los trabajos restantes. De este modo, el presidente no solicitaría ningún arbitrio al rey. El cabildo eclesiástico discrepó, pues expuso que esos 3 000 pesos de donativos ya se habían invertido, que sus inmuebles recogerían menos beneficios de los censos tras el terremoto y que todavía quedaban más actuaciones en diferentes partes de la Catedral. La respuesta del fiscal en enero de 1758 fue contundente, ya que aconsejó al presidente elevar al rey los autos para que providenciara bajo el argumento de que no existía ningún arbitrio para el desembolso pretendido por el cabildo eclesiástico.¹⁷

El terremoto de 1757 en Latacunga

Tras el terremoto del 22 de febrero de 1757, la población de Latacunga¹⁸ remitió en marzo un memorial al monarca. Inicialmente le recordaron la precaria realidad que se vivía con la actividad previa del volcán Cotopaxi en los años cuarenta y la decadencia del comercio textil de los obrajes. Con estas bases sobrevino el terremoto, que arrasó con los edificios civiles y los eclesiásticos, enterrando en sus ruinas a numerosos vecinos. El desastre igualmente se instaló en las haciendas y los obrajes de la jurisdicción, así como en las poblaciones vecinas. La subsiguiente época de lluvias agravó el contexto, pues se perdieron los utensilios de los obrajes y las haciendas, a lo que se aunó el riesgo de los vecinos supervivientes, que sobrevivían con chozas en el campo con un suelo fracturado. Por último, a la población dispersa se sumó que buena parte de los indígenas habían escapado a partes más lejanas.¹⁹

Con todo lo tratado, los vecinos solicitaron la piedad del monarca con la suspensión de los réditos de los censos y todos los impuestos reales durante un decenio, así como los tributos de los indígenas durante los años que se consideraran oportunos. Como fundamento de esta petición se basaron en las condonaciones que obtuvo la ciudad de Panamá tras su incendio. El episodio al que se referían fue el llamado Fuego Grande de 1737.²⁰ Por otro lado, demandaron la cesión del ramo del estanco de aguardientes para reconstruir la iglesia principal. Estas mismas tesis fueron apoyadas en abril desde la Real Audiencia de Quito, que verificó esta información.²¹

El propio presidente de la Real Audiencia, marqués de Selva Alegre, fue el otro aliado con un oficio en marzo a la Corona. Dejó clara la certeza del desastre en la población, las haciendas y los obrajes. En su breve descripción podemos destacar la desgracia ocurrida en la iglesia del noviciado de los jesuitas con 300 muertos de los 1 000 totales, así como que solamente tres edificios sobrevivieron con una incierta situación en la urbe. Como responsables del episodio señaló al volcán Cotopaxi, así como al suelo de piedra pómez, arenisco y poroso, ante su poca solidez.²² Motivos que dejaban en duda a sus habitantes levantar la población nuevamente en la misma ubicación.

En aras de mostrar su buena gestión, el presidente se ofreció a cooperar en persona en el socorro de los vecinos, asistir en la posible reubicación o aplicar construcciones más seguras en la actual. Esta última tesis la reforzó al citar cómo actuó en la capital tras el terremoto de 1755. De lo ejecutado daría noticia. Por último, vio con buenos ojos que se perdonaran los réditos de los censos durante un decenio.²³

Tratada la documentación en el Consejo de Indias el 26 de mayo de 1758, la resolución final fue la Real Cédula del 20 de agosto de 1758. Latacunga obtuvo la primera gracia real en el territorio ecuatoriano de la Real Audiencia de Quito para un desastre en el siglo XVIII y sus peticiones se habían cumplido sobremanera. Ninguna contribución regia se pagaría en 10 años, los indígenas no abonarían los tributos durante 6 y se eximían los réditos de los censos en otros 6 desde la fecha del episodio telúrico. En este último punto, la Real Audiencia reuniría a los censalistas y los censatarios para que intentaran alcanzar el decenio voluntariamente. El presidente cumpliría su promesa de informar de las reedificaciones y estaría encargado de levantar la nueva iglesia parroquial con unos costes moderados. El informe del diseño y su tasación tendría que ser remitido previamente al Consejo de Indias para su aprobación. El rey contribuiría con la tercera parte del valor, como marcaba el Patronato Regio Indiano, con el fondo del estanco de aguardientes. Por último, el presidente buscaría el auxilio económico y ayuda del obispo en el proceso. La orden regia fue enviada a la Real Audiencia de Quito, al obispo y al virrey de Nueva Granada.²⁴

El presidente dio parte al monarca el 8 de enero de 1758 de la situación de las reconstrucciones. Ahora bien, este documento no estuvo dentro del expediente que trató el Consejo de Indias para otorgar la condonación. Los avances eran óptimos en las viviendas gracias a la colaboración vecinal con materiales proporcionados de las haciendas, lo que había supuesto cortos gastos. La iglesia de los jesuitas y la parroquial estaban reparadas con decencia, si bien necesitaba más ayuda económica para finalizar esta última. Por el contrario, los conventos de San Francisco y Santo Domingo seguían arrasados. Como causa, apuntó al atraso en el pago de los réditos de los censos, que previamente había apoyado su condonación. Por otro lado, encontramos el otro giro argumental, ya que incorporó que el desastre no afectó a los indígenas, pues la tipología de sus hogares, chozas de madera, resistía los seísmos.²⁵

Las nuevas posiciones del presidente se potenciaron una vez se comenzó a aplicar en Latacunga la gracia real. En su carta del 20 de diciembre de 1759 a la Corona rompió totalmente su tesis inicial, ya que aseguró que la ruina no fue general en la jurisdicción, especialmente en las haciendas y los obrajes, que no perdieron su ganado, que los indígenas que en ellas trabajaban no huyeron, así como que pocos de ellos murieron. Como cúspide argumental señaló que detrás de todo había intereses personales y que la Real Hacienda quedaría muy deteriorada.²⁶

Otros documentos adjuntados como apoyo a esta renovada visión en el Consejo de Indias fueron los del Jijón y León, corregidor de Latacunga desde junio de 1759, nada más ocupar el cargo. Como pruebas aportó, por ejemplo, que en Pujilí falleció solo un indígena, que no hubo perjuicios en los hogares y los cultivos, salvo pequeñas imperfecciones en dos haciendas; o que, en Saquisilí, los padrones no manifestaban ninguna decadencia, no se conocían fallecidos, que los indígenas solo marcharon a ayudas de reconstrucción y que se habían recuperado las casas de las haciendas.²⁷

Para entender este conflicto es clave ahondar en dos cuestiones. La del corregidor Jijón y León es sencilla, pues los indultos dados por la Corona le afectaban económicamente. Ello ya se vio anteriormente con su antecesor Yangüés y Valencia, quien solicitó en 1759 al monarca una extensión de su cargo debido a las pérdidas que le causó el terremoto en sus intereses monetarios. Este objetivo lo logró en 1764, sustituyendo a Jijón y León (Mamán Rodríguez, 1993, pp. 52-53).

Más complejo si cabe es el segundo motivo. Aquí resaltaría el protagonismo del marqués de Maenza, rico hacendado de Latacunga y representante de la población en la petición de ayuda regia tras el desastre. Un actor previamente importante en la ansiada rebaja de los réditos de los censos del 5 al 3% en la Real Audiencia, lograda en 1755. En este proceso, el marqués de Maenza usó en 1753 el argumento del terremoto y tsunami de Lima de 1746 y el incendio de Panamá en 1737 como ejemplos a aplicar.²⁸ El segundo, nuevamente sería recordado para lo ocurrido en Latacunga en 1757. Con la obtención de la condonación de los réditos de los censos durante un decenio, el clero fue el más golpeado. De ahí la defensa del presidente a su causa. El global de las gracias reales beneficiaban directamente al marqués como gran hacendado. Aquí tenemos el segundo motivo de cambio de parecer del presidente.

No sería hasta el 20 de julio de 1761 cuando el Consejo de Indias estudió todos estos giros que hemos tratado. Las contradicciones expuestas hicieron que el fiscal expresara que se advirtiera al presidente de la falta de veracidad en su primer informe, que motivó la gracia real, al igual que a la Real Audiencia. La resolución final consistió en que el virrey investigara los impactos reales del terremoto, todo con el fin de continuarla o suspenderla. La cuestión de los réditos de los censos se trataría en la Real Audiencia por parte de los interesados, como si nunca hubiera existido la ayuda regia.

El resultado fue la Real Cédula del 5 de marzo de 1763 al virrey de Nueva Granada Mesía de la Cerda, quien demandó diferentes informes en agosto para dar respuesta a lo exigido. En la Real Audiencia de Quito el encargado para dicha labor fue el oidor Quintana y Acevedo.²⁹ A estas alturas, el presidente marqués de Selva Alegre había fallecido en septiembre de 1761 y su sucesor Rubio de Arévalo estuvo en el cargo como interino hasta su jubilación en noviembre de 1764.

El oidor finalizó su pesquisa el 28 de noviembre de 1763. Corroboró la situación negativa previa que se arrastraba en Latacunga tras el terremoto de 1698 y las erupciones del volcán Cotopaxi en los años cuarenta del Setecientos. Del terremoto de 1757 sostuvo que la ruina de la población y las haciendas eran ciertas, así como las numerosas muertes. En cuanto a las reconstrucciones, todavía proseguían a un ritmo lento y los obrajes estaban sin uso. De este modo, los indígenas, que venían ya de una realidad difícil, no tenían ingresos, al trabajar en haciendas y obrajes, y los dueños tampoco podían ayudar al faltar moneda en circulación tras la caída del comercio textil en Lima.³⁰

Con toda la documentación enviada, el virrey derivó la cuestión el 9 de febrero de 1764 en el Real Acuerdo. Vistos los documentos que se habían proporcionado, la conclusión fue que los beneficios que Latacunga había obtenido eran ya suficientes para compensar las pérdidas, así que lo ideal sería cancelar la gracia real. Los censos quedarían a espera de consideración en la Real Audiencia de Quito. La aprobación del virrey vino con el decreto del 13 de febrero de 1764. La Real Audiencia de Quito fue notificada el 2 de marzo con la orden de que se librara despacho al corregidor de Latacunga para que publicara lo acordado y se aplicara desde el mismo día. Una vez ejecutado, el virrey informaría al rey. La cuestión de los censos continuaría, pues el marqués de Maenza no tardó en acudir a los tribunales.³¹

El terremoto de 1778 en el corregimiento de Riobamba

El corregimiento de Riobamba experimentó la noche del 30 de diciembre de 1778 un importante terremoto. La primera notificación del episodio la dio el corregidor Pontón al presidente de la Real Audiencia León y Pizarro, mediante un oficio recibido en la capital el 19 de enero de 1779. En su contenido desarrolló las noticias que hasta la fecha había logrado de su jurisdicción. Las poblaciones más damnificadas se hallaban cerca del volcán Tungurahua, que estaba expulsando gases y arena, especialmente en las vísperas. El corregidor culpó, por ello, a este del origen del terremoto y dejó claro el temor que le infundaba.³²

El corregidor apuntó que la jurisdicción de Guano, la más cercana al volcán y de las más significativas del corregimiento, fue la protagonista. Tanto es así que tenía constancia de deterioros en la iglesia, del desplome de casas y de al menos ocho muertos entre la urbe y el área de Elén. Toca añadir que el terremoto coincidió con un contexto de inestabilidad previo, pues en septiembre acaeció una rebelión indígena y mestiza ocasionada por la aplicación de la Real Cédula del 10 de noviembre de 1776, destinada a elaborar el primer censo general americano. De este modo, las tensiones y el proceso judicial inaugurado estaban todavía presentes (Moreno Yáñez, 2014, pp. 171-191).

Otras perjudicadas fueron las pequeñas poblaciones de Ilapo, Guanando y Penipe, que perdieron sus iglesias, pero sin lamentar fallecidos. Por último, en la capital Riobamba no se habían lamentado incidencias. En cuanto a la actividad telúrica, proseguía, tanto que el coadjutor de Licán acababa de comunicarle la aparición de rajaduras en su iglesia.³³

La relación definitiva fue remitida por el corregidor al presidente el 3 de febrero de 1779. Nos encontramos con un breve documento que amplió lo previamente visto. En lo referido a las poblaciones se añadieron Cubijíes y Riobamba, pero se eliminó Licán. De nuevo quedó claro que Guano sufrió los mayores impactos. Estos los localizamos en la iglesia, la capilla de Nuestra Señora del Carmen, la casa del cura, un galpón y ocho viviendas pertenecientes a vecinos pudientes de Guano o Riobamba, sin contar otras de escaso valor. Las muertes por aplastamiento ascendían a cuatro personas y los heridos a la misma cantidad. Fuera de la localidad, el derrumbe del cuarto de la prensa del Obraje de Guayco se llevó la vida de un indígena y dos quedaron heridos, así como tres viviendas en las haciendas y fincas del área de Elén sufrieron desperfectos. Entre ellas, la rica Hacienda Elén de Magdalena Dávalos y Maldonado, y en otra, fallecieron el mayordomo y su mujer embarazada.³⁴

Del resto de poblaciones las novedades no fueron muy extensas, pero debemos resaltar la inclusión de las tipologías constructivas en casi todos los casos. Elemento que nos ayuda a entender el impacto. En Ilapo, la iglesia derruida era igual que el resto de las edificaciones existentes, a saber: casas de paja sobre poyos y tapiales. Además, se había cortado el flujo de agua potable al ocasionarse fracturas en la quebrada por donde esta descendía. En Guanando, al derrumbe de la iglesia se sumó la casa del cura, que quedó inhabitable. Ambas tenían cubiertas de paja, características de la localidad. En Penipe, coinciden los dos inmuebles previamente vistos. En cuanto a las dos añadidas en la relación, en Cubijíes, la iglesia fue afectada, en un pueblo donde no existían viviendas formales; y en Riobamba, solamente la casa del cabildo tuvo desperfectos y quedó casi en desuso.³⁵

La respuesta del presidente la encontramos el 13 de febrero de 1779. Dispuso que el corregidor afrontara las urgencias que pudieran surgir en un contexto de ruina. Las políticas aplicadas irían dirigidas a buscar supervivientes entre los escombros, vigilar la posible fuga de presos de las cárceles, evitar robos, reconstruir las iglesias y ayudar en lo posible a los vecinos.

El presidente no tardó en dar cuenta de la gestión del desastre a la Corona, pues la ubicamos el día 18 de febrero. Todo en aras de que se aprobara por la monarquía lo ejecutado y que se dieran nuevas órdenes si era necesario. El Consejo de Indias cursó el 14 de julio al fiscal la documentación, quien emitió su dictamen el día 31. Su conclusión fue que simplemente había que comunicar al presidente que se había recibido su oficio, agradecerle las providencias dictadas y que debía centrarse en las reparaciones sin perjudicar al erario regio. El Consejo de Indias aceptó lo sugerido y en agosto comunicó lo acordado al presidente.³⁶

El terremoto de 1786 en Riobamba

El episodio telúrico en Riobamba del 10 de mayo de 1786 fue avisado el día 14 por el corregidor de Riobamba Pontón al presidente Villalengua y Marfil. Le participó que los temblores se habían desarrollado desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo, sobresaliendo el del último día. La mayor urgencia consistía en actuar en los inmuebles que habían quedado desplomados. Ante esta realidad, el presidente ordenó el día 19 al corregidor y al resto del cabildo que se llevara a cabo un reconocimiento por barrios con asistencia de peritos. Todo con el fin de demoler las casas irreparables y evitar posibles desgracias en un futuro cercano. Sus dueños se encargarían de los costes; si estos no cumplían, se procedería de oficio. La otra tarea estaría destinada a limpiar las calles de escombros. Si surgía un déficit de operarios y peones, el presidente autorizó a obtenerlos de los pueblos cercanos. Los encargados serían los indígenas que no trabajaban en las haciendas para no entorpecer sus faenas. Por último, se le entregaría una relación detallada de las casas y las iglesias afectadas o destruidas con su valoración económica de reparación.³⁷

El corregidor ya había aplicado un auto el mismo día del terremoto para hacer frente a la emergencia. La cuestión de los primeros reconocimientos de los edificios fue la primera medida introducida. La otra tuvo que ver con el control de la población con la formación de una patrulla vecinal nocturna con el objeto tanto de evitar robos como actos inmorales. Esta última medida la enmarcó dentro del castigo divino ante el miedo a un desastre de mayor magnitud.³⁸ Las denuncias por conductas incívicas no tardaron en aparecer, pues el corregidor persiguió judicialmente una fiesta nocturna relacionada con un casamiento.³⁹

En lo concerniente al cumplimiento de las órdenes del presidente, el corregidor le presentó el 29 de mayo la forma en que había organizado las inspecciones. Siguiendo lo mandado, dividió a los capitulares en los reconocimientos de los edificios, pero las iglesias y los monasterios los hicieron todos juntos. Por último, le comunicó su auto contra posibles desórdenes nocturnos. En cuanto a los temblores, proseguían y acrecentaban los daños.⁴⁰

Por otro lado, hallamos un oficio del vicario de Riobamba Andrade y Rada al presidente, fechado el 30 de mayo. Adelantó que los registros habían mostrado más daños de los que inicialmente se pensaron y que así se lo haría saber la comisión de peritaje cuando finalizara su labor. En cuanto a la respuesta religiosa se había encargado de las diferentes rogativas. Acerca de los temblores, estos no cesaban y ya se habían contado más de un centenar hasta el momento. Mientras tanto, los vecinos estaban en pobres chozas. Este escrito, además de resaltar su papel tras el terremoto, realmente tenía como objetivo justificar su retraso para acudir a la oposición de la canonjía doctoral en Quito. De ahí las diferentes situaciones pastorales que posteriormente desarrollaba, entre las que se hallaba el contexto calamitoso.⁴¹

El informe requerido del impacto de los temblores por el presidente fue remitido por el corregidor el 30 de junio. Disponemos de dos documentos, a saber: una relación de lo ocurrido con todas las respuestas aplicadas y la evaluación de los costes de reconstrucción.

La relación del corregidor y el cabildo nos aporta diferentes novedades a las previamente vistas. Inicialmente, aludieron a la paz que brevemente estaba reinando en Riobamba tras el final del ciclo eruptivo del volcán Tungurahua en 1781. En cuanto a la actividad sísmica, ahora se ubicó desde el 18 de abril, sin emisión del volcán. Tras el principal terremoto del 10 de mayo, el del día 13 agravó los desperfectos previos. Los últimos temblores se localizaron el 23 de junio. Solamente se contabilizaron cuatro heridos. La población estaba resguardada en chozas, pero la deficiencia de sus materiales frente a los aguaceros derivó en enfermedades.

Dentro de las políticas de emergencia ejecutadas por el corregidor encontramos el tratado auto del día del terremoto. Otro estuvo destinado a acelerar las reedificaciones, impedir nuevos derrumbes, fallecimientos por aplastamiento y alejar la especulación. En este último caso consistió en mantener los precios de los materiales para las obras y que el teniente de Penipe duplicara el envío de madera. La religiosidad popular también estuvo cubierta, como previamente hemos adelantado con el vicario.⁴²

La siguiente documentación fue la relacionada con los peritajes en la ciudad. Un trabajo bastante minucioso de la urbe, organizado en áreas centrales y periféricas.⁴³ Si nos centramos en los informes periciales capitaneados por los miembros del cabildo [ver Cuadro 1], el cómputo total de los costes de reconstrucción ascendió a 100 620 pesos. Los edificios religiosos y los públicos fueron los más maltratados pues suponían 63 100 pesos, equivalente a un 63% del total. Las zonas céntricas en las que se encontraban las élites y con viviendas más lujosas (La Merced, Plaza Mayor hasta la Plazuela de San Francisco, Cabildo y zona anexa), sumaban 23 233 pesos, un 23% del total. Los barrios contiguos al centro de San Francisco y Santo Domingo computaban 5 966 pesos, un 6% del total. Por último, en las populosas áreas adyacentes y más humildes (San Blas, Barrio Nuevo, Cunugpogyo, Sigchuguaico, Misquillí y parroquia de Cajabamba) ascendían a 8 431 pesos, el 8% restante.⁴⁴

Cuadro 1. Valoración de las reconstrucciones en Riobamba

Áreas inspeccionadas	Datos de interés	Total
La Merced	Suelo cenagoso.	3 814*
	Valoraciones de propietarios distinguiendo si la cobertura del inmueble era de techo de teja o paja o si en algún caso disponían de tienda.
	Coste casas con teja (muy mayoritarias): 3 779. Coste casas con paja: 35.
	Coste mayor de reparación: 2 000.
Plaza Mayor hasta la Plazuela de San Francisco	Valoraciones de propietarios distinguiendo si incluían tiendas.	13 989
	Costes de casas: 11 659. Costes casas con tienda o tiendas: 2 330.
	Coste mayor de reparación: 3 000.
Barrio Nuevo	Valoraciones de propietarios distinguiendo si incluían tiendas, otros inmuebles y un puente.	3 900**
	Costes casas: 3 220. Coste casa con una choza: 70. Coste casa con una tienda: 40.
	Coste puente: 100. Coste capilla del Santo Cristo: 350. Coste molino de las monjas Conceptas: 35. Coste horno del Tejar de Ubidia: 85.
	Coste mayor de reparación: capilla del Santo Cristo.
San Francisco, San Blas y Cunugpogyo	Valoraciones de propietarios distinguiendo casas bajas de teja o paja.	4 756
	Valoraciones conjuntas de San Blas y Cunugpogyo.
	Casas de San Francisco: 4 116. Casas de San Blas y Cunugpogyo: 660
	Casas indígenas en Cunugpogyo con paredes de 2 varas o vara y media sin daños: 164.
	Coste mayor de reparación: 350 (San Francisco)
Edificios religiosos y civiles	Iglesia Matriz: 8 000.	63 100
	Convento e iglesia de Santo Domingo: 100.
	Convento e iglesia de San Francisco: 8 000.
	Convento e iglesia de San Agustín: 1 000.
	Convento e iglesia de La Merced: 12 000.
	Convento e iglesia de La Concepción: 24 000.
	Iglesia de Sicalpa: 4 000.
	Iglesia de Cajabamba: 2 000.
	Cabildo y cárceles: 4 000.
Cabildo y zona anexa	Valoraciones de propietarios distinguiendo si incluían tiendas.	5 430***
	Coste casas de teja: 4 630. Coste casas de teja con tienda: 800. Casa de paja: 0.
	Coste mayor reparación: 1 000.
Santo Domingo, Cajabamba Sigchuguaico y Misquillí	Valoraciones de propietarios y si incluyen tiendas.	5 631
	No se dan totales parciales o generales y en algún caso no se atreven a valorar los costes.
	Coste casas Santo Domingo: 1 750. Coste casa con tienda Santo Domingo: 100.
	Coste casas Cajabamba: 2 034. Coste casa Cajabamba con tiendas: 1 000.
	Coste casas Sigchuguaico: 75.
	Coste casas Misquillí: 672.
	Coste mayor de reparación: más de 1 000 (Cajabamba).
Costes totales		100 620

* Todas las cantidades expresadas en pesos. ** Suma errónea en el documento: 3 990. *** Suma errónea en el documento: 5 450.
Fuente: Elaboración propia con base en ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25, 43-47 y 48-66v.

Lo sucedido en el pueblo de Licán fue promovido por su cura, el citado vicario de Riobamba, con una petición al encargado de la inspección de la zona de La Merced. La iglesia, entre otros daños, tenía la torre caída, y el convento, importantes ruinas, lo que se tradujo en una valoración de 2 000 pesos. Igualmente se evaluó una casa derruida en 600 pesos. Un montante final de 2 600 pesos que se anexó al informe de La Merced.⁴⁵

En cuanto a la actuación en el templo de Licán, a fines de junio, el vicario propuso al presidente que no se remataran las lanas de las haciendas de la Casa Flores para destinar el dinero a la reparación.⁴⁶ Si bien este documento no fue incorporado al expediente, sí se adjuntó el escrito enviado al presidente por parte del cacique de Licán Sepla y Oro, con gran influencia política y fiel colaborador de la Corona (Morales Mejía, 2000). El cacique no dudó en alabar el papel del sacerdote, pues había atrasado su viaje a Quito para opositar a la citada canonjía y gastado 200 pesos para levantar una choza destinada al culto. A la hora de afrontar los 2 000 pesos para la reconstrucción de la iglesia, el cacique denunció la falta de indígenas sueltos en la población. A los disponibles, les había suspendido los tributos y puesto un salario de real diario, sin incluir el alimento. Como la mayoría estaba dedicado al trabajo en el obraje de Macaxí sugirió que unos 20 se alternaran por semanas para ayudar.⁴⁷

Recibida en Quito toda la documentación, el presidente la derivó en el fiscal Merchante de Contreras, quien ofreció su dictamen el 27 de septiembre. La primera cuestión en la que puso el acento fue acerca del origen de los temblores, pues no se habían determinado. Sobre su impacto, los informes de los peritos mostraban costes muy elevados, que los vecinos no podrían afrontar. La única providencia que veía aplicable, al no existir facultades para ello ni arbitrios, consistía en que se proporcionaran los materiales necesarios sin sobrecostes a los vecinos, que los indígenas sueltos de los pueblos cercanos, sin perjuicio de sus jornales, trabajaran y, si se necesitaba más mano de obra, participaran los de las haciendas y los obrajes. Los jornales en este último caso se pagarían en granos u otros útiles ante la escasez de moneda. Acerca de la petición del cacique de Licán, el fiscal aceptó su propuesta. El presidente aprobó el dictamen el 29 de septiembre y cerró el expediente.⁴⁸ En este punto, no hallamos, hasta la fecha, ningún trámite más con las instancias superiores de la Corona con el fin de que se aprobara lo obrado.

El terremoto y tsunami de Guayaquil de 1787

El parte del terremoto y posterior tsunami del 11 de junio de 1787 en Guayaquil del gobernador García de León y Pizarro, a su pariente, el presidente de la Real Audiencia de Quito Villalengua y Marfil, lo encontramos fechado el 19 de junio. Como ejemplo de su relevancia, el gobernador inicialmente aludió a que los vecinos lo compararon con otro episodio sísmico previo, el del 20 de enero de 1749. Su conclusión fue que el reciente tuvo una mayor repercusión. Los edificios más dañados fueron el fuerte de San Carlos, el cuartel de milicias, el almacén de la sala de armas, el antiguo colegio de los jesuitas, la Real Contaduría, el almacén de la parte baja de una casa y las casas de particulares. Ahora bien, los impactos podemos considerarlos como menores [ver Cuadro 2]. La gran mayoría radicaban en la costa (García de León y Pizarro, 1962 [1787], pp. 95-97).⁴⁹

Cuadro 2. Impactos del terremoto y tsunami del 11 de junio de 1787

Inmuebles	Impactos
Fuerte de San Carlos	Ángulo que forma el almacén de bombas y balas.
Cuartel de milicias	Tabiques y cerraduras dañadas.
Almacén sala de armas	Armas de fuego y blancas caídas. Algunas partes desprendidas.
Antiguo colegio jesuita	Previamente en estado ruinoso. En peor condición general.
Real Contaduría	Estante de madera. Un astillón estropea una tabla.
Almacén	Tapia caída y botijas del navío Santa Ana.
Casas de vecinos	Numerosas escaleras.

Fuente: Elaboración propia con base en García de León y Pizarro, 1962 [1787], pp. 96-97.

Ante el nerviosismo en la ciudad, incrementado con dos réplicas al día siguiente y las olas del tsunami, las medidas de emergencia del gobernador pasaron por el control y el auxilio de los vecinos, así como la aplicación de las primeras operaciones en los edificios reales. De este modo, prohibió las corridas de toros que en esas fechas anualmente se hacían, promovió la religiosidad popular, ayudó a los vecinos que lo demandaron para componer sus hogares, comenzó a reparar los desperfectos del fuerte y el cuartel e inspeccionó toda la ciudad (García de León y Pizarro, 1962 [1787], pp. 97-98).

Recibido el oficio en Quito, el presidente ordenó al gobernador que evaluara los costes de restauración de los edificios reales y que aplicara los trabajos necesarios. El gobernador cumplió con lo solicitado el 4 de septiembre, pidió la aprobación de la Real Audiencia y que se comunicara al monarca. El expediente estaba formado por tres documentos, a saber: la certificación del 16 de agosto por parte del escribano Vázquez Meléndez, fiel aliado del gobernador, de las intervenciones en los edificios reales; el peritaje del 1 de septiembre de los trabajos ejecutados; y los escasos 48 pesos y medio real que había sufragado la Real Hacienda. Por último, una breve referencia reveló que las casas de los particulares estaban ya reparadas, con cortas inversiones de sus dueños.⁵⁰

La certificación desarrolló los edificios reales damnificados, el reconocimiento del gobernador con el comandante de milicias y varios vecinos, las providencias para las obras y su rápida finalización. En cuanto a los gastos, el escribano subrayó que se invirtió muy poco dinero e incluso se economizaron los costes. De este modo, todo se hallaba en su estado anterior al terremoto.⁵¹

El gobernador ordenó el 14 de agosto el peritaje de los edificios reales para mostrar el dinero ahorrado por la Corona. Esta misión la encomendó al capitán de milicias Lazo de la Vega y al capitán Ruiz Cano. El resultado de la pesquisa derivó en un corto informe que valoró los trabajos en el fuerte de San Carlos, la sala de armas, el cuartel de milicias y el puente del Estero hacia el astillero en 169 pesos y 4 reales. No obstante, en el montante final del documento se cifraron 194 pesos y 4 reales.⁵² Datos que revelaban la gran diferencia entre el valor y el coste pagado por las arcas reales.⁵³

La documentación fue enviada a Quito y en este momento perdemos la pista de que fuera elevada a otras instituciones superiores para obtener su aprobación. No obstante, el presidente sí que notificó a la Corona los temblores ocurridos en la ciudad el mismo año.⁵⁴

La difusión del desastre

Las relaciones de sucesos

Uno de los elementos fundamentales para la difusión del terremoto de 1755 en Europa fue una relación publicada en Sevilla, en 1756. Su contenido nos ayuda a entender cuándo se desarrollaron los temblores, sus impactos, así como las políticas de emergencia. La publicación se conecta directamente con la relevancia que en la opinión pública europea nació tras el terremoto y tsunami de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Este fenómeno mediático se amplió a desastres telúricos de otras áreas del Planeta. Aquí entró en juego el editor sevillano Padrino, quien, como otros de la misma ciudad, también damnificada por el episodio lisboeta, publicó numerosas relaciones (Espejo Cala, 2007; Udías y López Arroyo, 2009). Esta sería la primera de un desastre sísmico ocurrido en el actual Ecuador en dicha centuria; la segunda, llegaría con el devastador terremoto de 1797 (Cevallos, 1886, pp. 323-326).

Dentro del minucioso contenido encontramos diferentes cuestiones a resaltar para conocer la gestión de la emergencia [Ver Cuadro 3]. Tenemos un seguimiento desde el inicio de los temblores el 26 de abril y más allá del episodio principal del día 28. Si nos centramos en la labor del presidente se confirma la gestión de la emergencia defendida por el cabildo de Quito el 28 de mayo de 1755, pero en este caso se desarrollaron sus políticas. Localizamos sus medidas de control y vigilancia, así como de socorro en su hacienda a las monjas de clausura. Novedades son la orden de regreso de los vecinos a sus hogares tras el temblor del día 27, la resolución de liberar a los presos, las providencias para evitar el desabastecimiento, las continuadas rogativas -otra forma de control de la población-, el resguardo del presidente de más de 600 personas en su hacienda y las medidas punitivas contra los ladrones (Razón de lo acaecido en la Ciudad de San Francisco de Quito el día 29 de abril de 1755 hasta el dos de mayo inclusive, 1756).

Cuadro 3. Impactos y gestión de la emergencia

Fechas	Impactos	Sucesos relevantes	Gestión de la emergencia
26/4	Sin daños.		Rogativas.
27/4	Sin daños.	Huidas a plazas y campos. Segunda huida a plazas.	Rogativas. Orden del presidente de regreso a los hogares.
28/4	Ruina de edificios.	Huida de la ciudad. Construcción de chozas y resguardo en haciendas.	Rogativas. Real Audiencia libera a presos, salvo los condenados a muerte. Vicario general da licencia para la salida de las monjas de clausura. Resguardo de más de 600 vecinos por parte del presidente en su hacienda. Providencias para el abasto de víveres.
29/4-1/5	Aguaceros agravan daños.		Patrullas para perseguir ladrones en la urbe. Pena de muerte con horca pública si el valor supera los 20 pesos.
3/5	Daños agravados.		Prosiguen las rogativas.
Hasta fines de mayo	Sin daños.

Fuente: Elaboración propia con base en Razón de lo acaecido en la Ciudad de San Francisco de Quito el día 29 de abril de 1755 hasta el dos de mayo inclusive (1756).

En cuanto a los impactos en los edificios encontramos una breve referencia de los más relevantes, pese a que la ruina se consideró total en la ciudad. Los de tipo religioso fueron los más damnificados [Ver Cuadro 4]. Aquí nuevamente hallamos similitudes con lo expuesto de manera general por el cabildo civil de Quito el 28 de mayo de 1755. De los inmuebles públicos solamente se exhibió que el palacio de la Real Audiencia tuvo pérdidas en sus bienes muebles de lujo, pero tampoco se mencionó nada de las casas del Ayuntamiento (Razón de lo acaecido en la Ciudad de San Francisco de Quito el día 29 de abril de 1755 hasta el dos de mayo inclusive, 1756).

Cuadro 4. Impactos en inmuebles

Inmuebles	Impactos
Catedral	Cúpula de media naranja y capilla mayor de la Catedral.
Iglesia del Sagrario	Daños.
Convento de San Agustín	Ruina y caída de la torre.
Conventos de Santo Domingo	Ruina.
Convento de La Merced	Ruina.
Iglesia de la Compañía de Jesús	Daños.
Palacio de la Real Audiencia	Daños en bienes muebles.
Casas de vecinos	Importantes ruinas y daños.

Fuente: Elaboración propia con base en Razón de lo acaecido en la Ciudad de San Francisco de Quito el día 29 de abril de 1755 hasta el dos de mayo inclusive (1756).

La prensa oficial

Si analizamos la prensa oficial de la Corona española en la península, los resultados son los esperables acerca de este tipo de desastres en dominios regios americanos. La Gaceta de Madrid aplicó el silencio que le caracterizó y no publicó ninguna noticia de los terremotos tratados. Tampoco su giro desde 1778 a abrirse a más contenidos procedentes de los territorios de la Corona en América, aprovechando su publicación bisemanal, nos aporta variaciones. De este modo, para el siglo XVIII simplemente se mencionaron 5 episodios telúricos de las posesiones americanas de la Corona entre los 44 que referenció de dicho continente (Lozano Díaz y Berná Ortigosa, 2023, pp. 238-239; Lozano Díaz, 2021, p. 150).

En el Mercurio Histórico y Político-Mercurio de España, el caso quiteño de 1755 fue el único de Hispanoamérica recogido entre 1738-1830 (Berná Ortigosa, 2024, p. 468). No obstante, lo que nos encontramos no es una noticia propia en sí, sino que, al año siguiente del suceso, se incorporó un breve resumen de la relación que hemos tratado (Mercurio Histórico y Político, abril de 1756, pp. 14-15). Sin duda, toca incluirla en la fiebre lisboeta. El origen de la noticia fue una traducción del Mercure historique et politique, que se imprimía en La Haya.

Existen omisiones y diferencias con la relación. Nos ajustaremos a las más llamativas. No se trató la medida capitaneada por el presidente para que los quiteños regresaran a sus hogares en su primera huida y tampoco su orden de castigar con pena de muerte los robos de más de 20 pesos. De la realidad de los vecinos viviendo en tiendas o barracas se prescindieron de las tormentas y los aguaceros posteriores. Eso sí, se subrayó la labor humanitaria del funcionario al abrir las cárceles o de acoger a más de 600 vecinos en su hacienda. Queda bien claro que se excluyen algunas acciones que podían ser vistas como cuestionables. La mayor novedad fue que se estipularon los fallecidos entre 14 y 15 personas (Mercure historique et politique, abril de 1756, pp. 380-381).

En el territorio americano tenemos que fijar nuestras miras en la cabecera por excelencia del momento y por cercanía territorial, la Gaceta de Lima. Esta incorporó de manera recurrente temblores locales y regionales, inclusive erupciones volcánicas (Seiner Lizárraga, 2016). Para el año de 1755 no se conservan todos los números, entre ellos el que debería haber insertado el episodio quiteño, por lo que no tenemos una referencia directa de menciones a la gestión de la emergencia. De lo que sí tenemos constancia fue que se informó previamente y que se estaban siguiendo las novedades. Un buen ejemplo lo encontramos con las cartas de Quito del 28 de julio, en las que se desmintieron las noticias previas, dadas desde Guayaquil y Piura, de que el pueblo de Machachi, cercano a Quito, había quedado destruido con sus habitantes, cuando en realidad fueron solamente sus inmuebles. En cuanto a la capital, se apuntó que los movimientos sísmicos proseguían, sobresaliendo uno el día 27 por la noche (Gaceta de Lima, julio-septiembre de 1755).

Lo que nos confirma el importante eco que tuvo lo ocurrido en Lima fue que la cabecera incorporó el aviso de la publicación de una carta pastoral del arzobispo Barroeta y Ángel. Esta no era casual, ya que se aproximaba el aniversario de los desastres limeños de octubre 1687 y 1746. Más adelante se explicaba que la mensualidad estaba dedicada a su recuerdo y protección con actos religiosos (Gaceta de Lima, 10 de septiembre-20 de octubre de 1755). Esta alusión sería la última concerniente al terremoto de Quito. Por otro lado, las noticias del terremoto y posterior tsunami de Lisboa del mismo año, dependientes del filtro peninsular, no llegarían hasta el año siguiente (Gaceta de Lima, 28 de julio-23 de septiembre de 1756).

El caso de 1757 fue el otro tratado por la Gaceta de Lima, pues en el número del 26 de abril hasta el 6 de junio de 1757 encontramos el aviso del terremoto de Latacunga. Se calificó de “formidable” y que solamente en un minuto había arrasado el asiento y su jurisdicción. Entre las pérdidas se puso como ejemplo la torre de Santo Domingo. La labor del presidente en la emergencia fue alabada, comparándola a la que ejecutó en Quito dos años antes. Se subrayaron sus ayudas para mantener el culto, la asistencia a los más necesitados y las reparaciones de numerosos obrajes desolados. Por último, los muertos se cifraron en 700 (Durand, 1982, p. 80).

Las cartas pastorales y los sermones

En lo relativo a la adelantada carta pastoral del arzobispo Barroeta y Ángel del terremoto de 1755, simplemente sirvió como un medio para recordar que en Lima podría regresar el castigo divino si los actos pecaminosos proseguían. Cuestión más caliente si cabe, como comentamos, al acercarse los aniversarios de octubre de 1687 y 1746 (Barroeta y Ángel, 1755). En este contexto, la Catedral se había reinaugurado parcialmente el 30 de mayo de 1755. Conocido el desastre lisboeta de manera clara en 1756, el arzobispo volvería a la carga con otra carta pastoral (Barroeta y Ángel, 1756).

Si nos planteamos alguna publicación del mismo tenor en el actual Ecuador, la imprenta se estableció en Ambato en 1755, dirigida por los jesuitas. No sería hasta 1759 cuando se instauraría en la capital (Stols, 1953). Si inspeccionamos la existencia de alguna carta pastoral o sermón dado por el obispo Nieto Polo del Águila toca esperar al caso de Latacunga de 1757, que posteriormente trataremos. No obstante, la labor del prelado sí que dejó huella mediante autos, que en poco se diferenciaron de lo expuesto por el arzobispo. El más importante fue el del 17 de febrero de 1757, que prohibió el Carnaval, relacionándolo con el terremoto de 1755. Cinco días después sucedió el de Latacunga (González Suárez, 1894, p. 199).

Del episodio de 1757 sobresale la impresión del sermón del obispo el 13 de marzo en la Catedral. Acerca de su autoría, se señala al poeta jesuita Bautista de Aguirre, buen amigo del mitrado (Castillo Hernández y Fernández Arriola, 2017, p. 201). En su desarrollo, el obispo recordó el trauma que había supuesto el terremoto de 1755 en la capital e incorporó lo acontecido en Latacunga. Todo sobre la base de un nuevo castigo divino causado por cuatro tipos de desórdenes y la necesidad de expiación mediante una comunión general. De lo sucedido en Latacunga destacó su devastación, especialmente de sus iglesias, la sepultura de cientos de personas en ruinas, la putrefacción de los cadáveres bajo los escombros y las fracturas en el suelo. Lo más relevante fue que expuso que también sobrevino en otros siete pueblos de su comarca, sobresaliendo también sus iglesias. De Quito resaltó que se sintió y que sus edificios todavía estaban casi arruinados desde 1755 (Nieto Polo del Águila, 1757).

Los diccionarios histórico-geográficos y las publicaciones históricas

Bueno, Cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú entre 1757-1798, en su breve Catálogo histórico de los virreyes, gobernadores, presidentes y capitanes generales del Perú, con los sucesos más principales de sus tiempos (1763), con datos hasta 1761, calificó el terremoto de Quito del 28 de abril de 1755 como de “fuerte temblor” y el del 3 de mayo, como “formidable” (Bueno, 1763). En cuanto al episodio de Latacunga de 1757, lo definió como un “formidable temblor” que arruinó la población. Adjetivos bastantes coincidentes con los que hemos encontrado en la Gaceta de Lima. La edición de 1795, con ampliación de la cronología, no aportó novedades respecto al resto de terremotos de la centuria.

El exiliado jesuita Cicala, que llegó a Quito a fines de 1743 y que permaneció en ella salvó en un pequeño periodo en Panamá, en su Descripción histórico-topográfica de la provincia de Quito de la Compañia de Jesús (1771), ubicó los temblores de 1755 entre abril y casi todo mayo; remarcó las destrucciones en los inmuebles religiosos y civiles; que la urbe quedó en un precario estado; y que no causó ningún impacto en Latacunga. El terremoto de 1757, con dudas, lo situó el martes de Carnaval de 1756 o 1757. Estas no las tiene a la hora de calificarlo como más catastrófico que el precedente. Acerca de las pérdidas, englobó todas las construcciones religiosas y la gran mayoría de casas. No mencionó impactos en el resto de la jurisdicción, pero que sí se localizaron en Quito (Romero, 2003, p. 147).

Otro jesuita expulso, Coleti, quien el año del terremoto de 1755 partió a Quito, en su Diccionario histórico-geográfico de la América Meridional (1771), no proporciona ningún dato de este, aunque sí que elabora una supuesta cronología de las erupciones del volcán Pichincha. En lo relativo al de 1757, lo incorporó en los desastres sísmicos que había sufrido Latacunga y la destruyeron. Registró que parte de los templos se derrumbaron y que falleció mucha gente (Coleti, 1771b, p. 363). Esta publicación sería conocida por los dos siguientes autores.

El quiteño Alcedo y Bejarano, hijo del presidente de la Audiencia Alcedo y Herrera, vivió casi toda su vida en España y no fue testigo cercano de ninguno de los terremotos que hemos trabajado, en su Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales o América (1786-89), calificó como dos de los elementos negativos de la capital su propensión a las tempestades y a los seísmos, como ejemplo agregó el caso de 1755 (Alcedo, 1788, p. 380). Por otro lado, nos da una información similar a la de Coleti del terremoto de 1757 pero más resumida (Alcedo, 1789, p. 14).

El tercer exiliado jesuita fue el riobambeño Velasco, ordenado en Quito en 1753 y que desarrolló su sacerdocio en Cuenca, Ibarra y Popayán, en su Historia del reino de Quito en la América Meridional (1789) nos ofrece las mejores descripciones.

En el capítulo Cronología de algunos sucesos notables relativos a la ciudad de Quito, del terremoto de 1755 expuso las huidas de la población fuera de la urbe y el pánico desatado; las inclemencias de los habitantes al no poder formar tiendas temporales de abrigo; las destrucciones totales o muy severas de las viviendas y de los edificios religiosos; y un periodo de reconstrucciones fundamentales que duró menos de dos años y que actualizó la ciudad. De la gestión de la emergencia, el autor subrayó la labor de los miembros de su orden. Calificó este episodio como el más relevante en la capital (Velasco, 1946 [1789], pp. 95-97).

En el capítulo Lo que ha padecido Latacunga con Terremotos, Velasco consideró el de 1757 como el más notable del siglo. Localizó en las edificaciones más sólidas, iglesias y conventos, los mayores impactos, pero señaló que igualmente las casas de los vecinos sucumbieron en su mayoría y que el resto quedaron inútiles. Calculó que murieron unas 400 personas y negó las cifras de 2 000 que solían circular. Del total, 200 fallecieron sepultados en la iglesia del noviciado de los jesuitas durante el Jubileo de las Cuarenta Horas y los restantes en casas o calles. Del resto de la jurisdicción de Latacunga, no encontramos referencias. Por último, dejó claro que no hubo ningún tipo de actividad eruptiva del volcán Cotopaxi. De todas maneras, consideró que poco más quedaba por destruir con la situación precaria con las erupciones del citado volcán en los años cuarenta (Velasco, 1946 [1789], pp. 121-122).

Por último, en el capítulo Algunos sucesos notables relativos a la villa de Riobamba, nos otorga una breve mención del episodio de 1786 en su ciudad natal. Apuntó que el terremoto se inició el 10 de mayo y que los temblores se repitieron hasta unas 120 veces durante junio. En cuanto a su impacto, lo calificó de “poco o ningún daño” (Velasco, 1946 [1789], p. 133).

Consideraciones finales

De los cinco terremotos trabajados sobresalen los de mediados de la centuria por su impacto y cercanía cronológica. Especialmente el de 1757, al causar una destrucción total de Latacunga, y el de 1755, al afectar a la capital. Muy secundarios serían los restantes del área de Riobamba y Guayaquil. Ahora bien, el tratamiento institucional no siempre fue similar, independientemente de la relevancia del desastre. En los terremotos de 1755, 1757 y 1778 se cumplió con la obligación del presidente de dar parte a la Corona. Con los casos de 1786 y 1787 no hemos localizado que se efectuara, ambos con el presidente Villalengua y Marfil. Cuestión más llamativa si cabe cuando este sí comunicó los pequeños temblores en Quito de 1787. No hay duda de que en posteriores trabajos debemos buscar estos motivos, aplicables al resto de Hispanoamérica. Posiblemente relacionados con los entresijos de las élites políticas en estos territorios y con contextos internos propios.

Las medidas de emergencia en los episodios tratados coinciden con las clásicas destinadas a mantener el orden, facilitar el abastecimiento y recurrir a la religiosidad popular. Las reconstrucciones tuvieron siempre el problema de fondo de la posible participación de la Real Hacienda o de las condonaciones reales. El primer caso se ve claramente con el terremoto de 1755, con las intervenciones en las casas del Ayuntamiento o la Catedral. Siempre se intentó por parte de las altas instituciones en el territorio evitar el uso de fondos que podrían afectar a las Cajas Reales. Para el segundo, el de 1757 es un ejemplo paradigmático, pues los intereses económicos internos reventaron las gracias reales. Algo que nuevamente se vería con el terremoto de 1797. En este punto hallamos una importante diferencia con la península. Otro tema en el que debe indagarse más en el territorio de Hispanoamérica.

Para la difusión del desastre a nivel americano destacaron las publicaciones morales de altos cargos eclesiásticos para los terremotos de 1755 y 1757, los más relevantes. Igualmente, la Gaceta de Lima incorporó los mismos episodios y añadió una favorable gestión de la emergencia en 1757. Diferente fue lo ocurrido en Europa, donde los silencios de la prensa oficial fueron norma general. Solamente tuvo eco el terremoto de 1755, todo gracias al interés mediático desembocado tras el sismo y tsunami de Lisboa. Muestra de ello es la relación editada en Sevilla, que nos amplía las políticas de emergencia, que fue la resumida en la prensa europea, pero borrando algunas medidas controvertidas. Los diccionarios histórico-geográficos y los libros de Historia publicados en Europa presentan como elemento base que casi todos los autores tienen algún tipo relación con Ecuador, en el caso de los jesuitas incluso fueron contemporáneos a los episodios de 1755 y 1757. Nuevamente estos seísmos tomaron el protagonismo debido a su relevancia. El único que sale de esta norma es la breve cita del episodio 1786 en Riobamba por parte de Velasco, que tuvo constancia en su exilio de lo ocurrido en su ciudad natal.

Archivos

AGI Archivo General de Indias

AHN Archivo Histórico Nacional de España

ANE Archivo Nacional del Ecuador

AMHQ Archivo Metropolitano de Historia de Quito

AGNC Archivo General de la Nación de Colombia

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Notas

1 Esta contribución forma parte del proyecto de investigación “Catástrofes de causa climática y natural, gestión de la emergencia y discursos políticos, científicos y religiosos en el Mediterráneo occidental y la América hispana, siglo XVIII” (PID2021-122988NB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y la Unión Europea.

2 El único caso previo reseñable fue el terremoto de Loja del 20 de enero de 1749, también sentido en Guayaquil, del que no hemos hallado, por el momento, documentación tramitada en la Real Audiencia de Quito, el Virreinato de Nueva Granada o el Consejo de Indias. De este conocemos que los padres Cicala, Coleti y Velasco lo citaron directa o indirectamente décadas después. El primero, señaló que el episodio de 1749 arruinó a una población expuesta a este riesgo (Barriga López, 2015, p. 339); el segundo, que los terremotos eran la causa de su escasa población y declive (Coleti, 1771a, pp. 218-219); y el tercero, puso en duda la tesis de Coleti (Velasco, 1946 [1789], p. 141).

3 Archivo General de Indias, [AGI], Quito, 188 y 375.

4 Este arbitrio tuvo como origen una Real Cédula que requirió un fondo, que, sin perjudicar a la Real Hacienda, se empleara para reparar el Palacio de la Real Audiencia. La mala situación del palacio fue causada por las fuertes lluvias del invierno de 1746. Archivo Nacional del Ecuador [ANE], Corte Suprema, Gobierno, 15, 13.

5 ANE, Corte Suprema, Gobierno, 17, 14.

6 Archivo Metropolitano de Historia de Quito [AMHQ], Actas de cabildo transcritas 1756-1761, 20-10-1756, 19-11-1756 y 7-12-1756.

7 Archivo General de la Nación de Colombia [AGNC], Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

8 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

9 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

10 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

11 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

12 Inclusive se pidió al virrey de Lima conde de Superunda un informe de los medios y arbitrios usados para reedificar la Catedral. AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 20, 36.

13 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 3, 25.

14 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 20, 36.

15 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 20, 36.

16 AGI, Quito, 188.

17 AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 20, 36.

18 Al ser un asiento no disponía de cabildo civil.

19 AGI, Quito, 279, 11.

20 Archivo Histórico Nacional de España [AHN], Códices, 755, IV, 23, 24 y 48.

21 AGI, Quito, 279, 11.

22 AGI, Quito, 279, 11. Con relación a lo defendido por el presidente hay que tener en cuenta, que, tras la devastación del terremoto de 1698, las nuevas casas de piedra y cal abovedadas no tenían un nivel superior como medida antisísmica. Juan y Ulloa alabaron el uso de piedra pómez en las edificaciones, pues permitían una excelente unión con la cal, lo que, sumado a una construcción baja, adquirían capacidades seísmo resistentes (Juan y Ulloa, 1978 [1748], pp. 420-421). Ideas similares vemos posteriormente en Velasco, quien resaltó las casas bajas (Velasco, 1946 [1789], p. 121-122) y Cicala, con el uso de piedra pómez y bóveda real (Romero, 2003, p. 147). Ambos concluyeron, que, a pesar de todo, las edificaciones sucumbieron con el terremoto de 1757.

23 AGI, Quito, 279, 11.

24 AGI, Quito, 279, 11, ANE, Corte Suprema, Cedularios, 10, 2, 45. AGNC, Sección Colonia, Fábrica-Iglesias, 26, 17, 2.

25 AGI, Quito, 279, 11.

26 AGI, Quito, 279, 11.

27 AGI, Quito, 279, 11.

28 AHN, Códices, 753, II, 192.

29 AGI, Quito, 279, 11.

30 AGNC, Sección Colonia, Miscelánea, 39, 65, 42.

31 ANE, Corte Suprema, Censos y Capellanías, 32, 10.

32 ANE, Corte Suprema, Presidencia de Quito, 56, 149, 27. Debemos indicar que en 1773 el volcán tuvo una relevante erupción y su actividad continuó, aunque debilitada, hasta 1781.

33 ANE, Corte Suprema, Presidencia de Quito, 56, 149, 27.

34 AGI, Quito, 312, 20.

35 AGI, Quito, 312, 20.

36 AGI, Quito, 312, 20.

37 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

38 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

39 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

40 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

41 ANE, Presidencia de Quito, 97, 236, 63.

42 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

43 Los terremotos de 1645 y 1698 tuvieron consecuencias en las reconstrucciones con la introducción de medidas antisísmicas. Tras el primero las edificaciones altas miraban a la calle y en su interior eran bajas, a modo de refugio telúrico, aunque también coexistían con otras altas y bajas (Velasco, 1946 [1789], p. 124). Tras el segundo, los edificios de piedra y cal eran en su mayoría bajos (Juan y Ulloa, 1978 [1748]. p. 424; Alcedo, 1789, p. 14).

44 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

45 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

46 ANE, Presidencia de Quito, 97, 236, 113.

47 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

48 ANE, Presidencia de Quito, 100, 242, 25.

49 En las edificaciones de la ciudad se recurría a la madera y a los techos de teja o paja debido al suelo pantanoso de la extensa Ciudad Nueva. La parte conocida como la Ciudad Vieja, a pesar de estar en un cerro, fue hogar de los más humildes y en ella se localizaba el único edificio de calicanto, el convento de Santo Domingo. El uso de la madera, abundante en el territorio, daba capacidades antisísmicas y térmicas a hogares que disponían de varios niveles de uso. No obstante, su contrapartida era su vulnerabilidad a los incendios, recurrentes a lo largo de la Historia de Guayaquil (Juan y Ulloa, 1978 [1748], pp. 222-223). Un buen ejemplo es el conocido como Fuego Grande de 1764 (Laviana Cuetos, 2007-2008, pp. 90-196). El propio gobernador fue crítico con la asentada confianza que existía entre los pobladores de la resistencia de estas construcciones ante movimientos telúricos, que serían catastróficos en otros territorios (García de León y Pizarro, 1962 [1787], p. 97).

50 ANE, Presidencia de Quito, 102, 242, 88.

51 ANE, Presidencia de Quito, 102, 242, 72.

52 ANE, Presidencia de Quito, 102, 242, 70.

53 Igual tesis ya la había exhibido el gobernador a la Corona previamente en 1780, al poco de su mandato, en sus actuaciones en la mejora de la defensa de Guayaquil para lograr su ascenso a coronel, dado en 1783 (Molina Martínez, 2010, pp. 378-379).

54 AGI, Quito, 245, 39.